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El gran debate de la privacidad en tiempos del coronavirus: qué está en juego realmente al dar nuestros datos para combatir la pandemia

Olvidémonos del Gran Hermano. Para enfrentarse al COVID-19, el seguimiento de los ciudadanos parece ser una medida necesaria. Las autoridades trabajan en crear herramientas que permitan monitorizar la propagación de la pandemia y muchos usuarios ven con buenos ojos utilizar todo lo que esté en nuestra mano para proteger la salud. Una postura que choca con esa visión orwelliana de la monitorización que hasta la fecha ha imperado.

Nuestra sociedad ha cambiado en pocas semanas. Durante esta cuarentena hemos visto distintas iniciativas para hacer un seguimiento de los usuarios y poder enfrentarse mejor a la pandemia. Desde aplicaciones de diagnóstico como la que prepara el Gobierno, aplicaciones para controlar el cumplimiento de la cuarentena, hasta un estudio de movilidad con datos de los operadores que gestionará el INE. Diferentes proyectos, cada uno con su propia forma de tratar los datos, pero con la necesidad de analizar de dónde proviene y cómo se expande la infección.

Esta monitorización por parte de las autoridades ha vuelto a reabrir el debate sobre la privacidad. Sobre si el coronavirus es otra excusa para invadir nuestra intimidad o si por el contrario nos hace falta abrazar la tecnología para poder enfrentarnos con las mejores herramientas a la pandemia.

Hemos hablado con distintos expertos en seguridad y protección de datos para que nos expongan su punto de vista sobre los distintos proyectos que están en marcha para hacer frente al COVID-19. Una necesaria reflexión sobre cómo esta crisis del coronavirus puede llegar a cambiar para siempre nuestra visión sobre la privacidad y el uso de nuestros datos.

Qué tipo de datos se están solicitando
Para entender el debate de privacidad entorno al coronavirus primero debemos distinguir distintos casos de monitorización entre las iniciativas que se han propuesto durante estas semanas. Podemos clasificarlos de la siguiente manera:

En primer lugar están las aplicaciones de autoevaluación como CoronaMadrid, Stop Covid19 CAT de Cataluña o la aplicación oficial que prepara el Gobierno. Se trata de aplicaciones que piden de manera opcional el número de teléfono móvil y la localización para determinar en qué comunidad autónoma nos encontramos. Estas aplicaciones no geolocalizan la posición del usuario de manera continua.

Seguidamente tenemos aplicaciones de cercanía, varias de ellas basadas en Bluetooth. Aquí se engloban iniciativas como TraceTogether de Singapur o PEPP-PT. El objetivo es identificar a las personas que hayan estado en contacto. Lo interesante de las implementaciones nombradas es que únicamente almacenan la última interacción, por lo que sirve para avisar del contagio pero no para identificar con quién has estado en contacto.

En tercer lugar están las aplicaciones de control de cuarentena como las que hemos visto en Corea del Sur o la española Open Coronavirus. Se trata de aplicaciones que pueden solicitar acceso al GPS del móvil y sirven a las autoridades para saber si el infectado ha salido de casa. Aplicaciones que según describe Sergio López, ingeniero de RedHat, tienen un "propósito coercitivo y pueden generar un historial de las ubicaciones del ciudadano".

Finalmente está el estudio de movilidad que prepara el Gobierno junto al INE, donde se utilizarán los datos anonimizados de las operadoras. Se trata de un seguimiento equivalente al realizado durante el pasado otoño. Este estudio se encuentra en línea con la iniciativa gestionada por la Comisión Europea donde se ha seleccionado un operador de cada país. En total ocho grandes operadores (Telefónica, Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Telenor, Telia y Telekom Austria) cederán sus datos para realizar un seguimiento del flujo de movilidad de la población.

Estas son las iniciativas planeadas y anunciadas para luchar contra el coronavirus, si bien empresas privadas como Palantir o firmas de ciberseguridad como NSO Group también estarían ofreciendo sus servicios a distintos países para crear herramientas de seguimiento. El debate que planteamos hemos querido centrarlo en las primeras, pues son aquellas que por el momento se están barajando para España.

"No es lo mismo el control a nivel agregado que se realiza a nivel europeo con los operadores, que un seguimiento individual de todos los ciudadanos, algo que seguramente sería desproporcionado", explica Sergio Carrasco, jurista de Fase Consulting especializado en privacidad y seguridad. "Pero dentro de las iniciativas del gobierno, no he visto que se haya aplicado esto último".

"Hemos visto aplicaciones como CoronaMadrid donde pedían inicialmente de manera obligatoria el teléfono móvil. En general el problema que veo es que se piden demasiados datos. A veces innecesariamente. Y esto puede provocar un sesgo, que el usuario desconfíe de la herramienta".

Otro problema asociado que comenta Carrasco es sobre el uso de una app para móvil a la hora de realizar ciertos controles. "La monitorización puede ser útil para analizar la efectividad, pero si utilizamos herramientas tecnológicas podemos dejar fuera al conjunto de gente que no tiene acceso". Por ello, se entiende que estas aplicaciones deberían ser un complemento a la ayuda telefónica y no la vía única para recibir o transmitir información.

Samuel Parra, jurista especializado en el RGPD y privacidad, nos explica que "ni la aplicación que ha preparado Madrid, ni los datos que van a dar los operadores al INE van a suponer que nos monitoricen para saber si de forma individualizada estamos saliendo de la cuarentena".

"Ni la aplicación que ha preparado Madrid, ni los datos que van a dar los operadores al INE van a suponer que nos monitoricen para saber si de forma individualizada estamos saliendo de la cuarentena".
"Nadie te va a obligar a utilizarlas. Partimos de la base en que tu vas a actuar y ceder datos voluntariamente, en favor de la contención de la epidemia", explica Parra. "Yo aún no he visto que el Gobierno vaya a extraer información sin nuestro consentimiento. Por tanto no creo que se vaya a perder privacidad. Ahora bien, ¿se está utilizando la epidemia por terceros de manera malintencionada? Eso sí, pero como siempre lo ha habido. De empresas que quieren robar información. En ese sentido la epidemia sí nos puede llegar a hacer más vulnerables".

"Estas iniciativas sí son necesarias, pero no a lo loco", explica Borja Adsuara, profesor y abogado experto en derecho. "No es una cuestión tecnológica, esto es una cuestión médica. ¿Puede ayudar el Big Data? Por supuesto. ¿Puede ayudar la monitorización? Por supuesto. ¿Hace falta hacerlo con todo el mundo? No".

"No hay ninguna individualización ni hay una obligación de bajarse un app. La única aplicación que voluntariamente te puedes bajar es simplemente la de información para descongestionar los teléfonos de atención. Se han quedado en nada".

El interés general prevalece sobre la privacidad individual
En algo que coinciden los distintos expertos consultados es que "el interés general prevalece sobre la privacidad individual" y en este caso, la pandemia es un claro ejemplo de búsqueda del bien común. El propio Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) contiene excepciones en el caso de epidemia o de protección de la salud de las personas en base al interés general, a través del Considerando 46.

La Agencia Española de Protección de Datos ha tomado cartas en el asunto y ha emitido un comunicado donde concluye que esta situación "no puede suponer una suspensión del derecho fundamental a la protección de datos personales. Pero, al mismo tiempo, la normativa de protección de datos no puede utilizarse para obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que adopten las autoridades competentes, especialmente las sanitarias".

La AEPD avisa que "la normativa de protección de datos no puede utilizarse para obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que adopten las autoridades competentes".
Desde la AEPD explican que ya están colaborando con las autoridades competentes y recuerda los criterios que deberían seguirse.

"Las finalidades para las que pueden tratarse los datos son, únicamente, las relacionadas con el control de la epidemia, entre ellas, las de ofrecer información sobre el uso de las aplicaciones de autoevaluación realizadas por las administraciones públicas o la obtención de estadísticas con datos de geolocalización agregados para ofrecer mapas que informen sobre áreas de mayor o menor riesgo".

"El único dato que a los efectos de la geolocalización debería facilitarse a los operadores de telecomunicaciones, en su caso, sería el correspondiente al número de teléfono móvil que se tiene que geolocalizar, salvo que el Ministerio de Sanidad considerara que fuera imprescindible facilitar algún otro dato a los efectos del seguimiento de la enfermedad".

¿Podría implementar el Gobierno una obligatoriedad para que todos los ciudadanos infectados tengan que utilizar una app de cuarentena? "Entre el Reglamento de Protección de Datos y una ley, un tanto antigua, sobre medidas excepcionales de salud ante epidemias, sí se podría implementar una obligatoriedad", nos contesta Samuel Parra.

"Si el día de mañana ponen una app obligatoria para seguir la cuarentena, y solo con ese fin, no deberían preocuparse", expone Parra. "En ese caso la privacidad individual tampoco se vería afectada. Al final estarías colaborando con el Estado para contener una epidemia importante. Además, cualquier aplicación que te vaya a monitorizar requiere tu permiso. Por el propio sistema operativo. En todo momento te darás cuenta de que estás aceptando este permiso".

"Hacer un seguimiento online de tu evolución no supone una vulneración. Habría que ver qué información concreta pide la aplicación y si se piden demasiado datos. Pero lo que le interesa al Gobierno es saber con quién te has relacionado, en el pasado y en el presente. Me consta que en ciertos países como China saber que tal persona infectada ha acudido a determinado sitio puede ser efectivo y no considero que la privacidad vaya a verse afectada en ese caso", continúa Parra.

"Creo que sería legal, otra cosa es que se atrevan a hacerlo. He visto que en su orden ministerial se han quedado muy prudentes", explica Adsuara.