Las empresas han encontrado una defensa contra la Gran Renuncia: cobrar por los cursos de formación

La pandemia ha generado numerosos cambios en nuestra sociedad, sobre todo en el ámbito laboral. Teletrabajo, formato híbrido, ‘coworking’ son conceptos que hemos empezado a tratar con mucha más asiduidad y que señalan cómo está evolucionando la forma de trabajar. Otro concepto muy habitual hoy en día es el de la Gran Renuncia, fenómeno al cual muchas empresas no saben cómo enfrentarse. Algunas de ellas, para evitar cualquier posible renuncia de los trabajadores establecen mecanismos para retenerlos de forma coercitiva mediante los contratos de formación.

La idea es simple. El trabajador, previamente a incorporarse a la plantilla, firma un contrato de formación que contiene una cláusula de devolución del importe pagado por la empresa durante el periodo de aprendizaje, la cual se activará si abandona la compañía antes de una fecha determinada por la misma, que puede coincidir con el final de la formación o no. En ocasiones, o bien la cuantía es desproporcionada o la formación no aporta nada relevante, y ahí está la trampa. Muchos trabajadores podrían renunciar a cambiar a un empleo con mejores condiciones por no asumir este coste.

Cada vez más. Se trata de una práctica que se está extendiendo en el mundo laboral estadouindense. En Estados Unidos, el 10% de los trabajadores encuestados por el instituto de investigación de la Universidad de Cornell en 2020 habían firmado un acuerdo de reembolso de la formación. Actualmente el número va en aumento. Una de esas trabajadoras es la esteticista Simran Bal, cuya historia fue contada por Reuters.

Curso de estética para una esteticista. Bal fue contratada por la empresa Oh Sweet Skincare, ubicada en Seattle, en agosto de 2021. Siendo licenciada en estética, tuvo que realizar un curso formativo centrado en cuestiones como la compra de productos cosméticos. Cuando renunció en octubre de ese mismo año, recibió una factura de la compañía por el training que había realizado cuyo valor era de 1.900 dólares, algo más de 1921 euros. Según la esteticista, le estaban cobrando por un curso sobre “servicios en los que ya estaba licenciada”, por lo que no pagó. La dueña de la compañía denunció a Bal y, finalmente, este mes de Septiembre, el juez determinó que la profesional no había completado el curso y que, por lo tanto, no debía nada a la compañía.

Alarma en EE.UU. Esta práctica está muy extendida en el sector sanitario y en el transportista, según los datos de la Unión Nacional de Enfermeras estadounidense y la Hermandad Internacional de Camioneros, de origen norteamericano. De hecho, según esta última organización, en Inglaterra hay empresas que cobran más de 6.000 euros a los conductores que renuncien antes de un determinado periodo de tiempo. Sin embargo, la organización norteamericana SPBC -Centro de Protección para los Estudiantes Prestatario en castellano- señala que se trata de un fenómeno transversal a toda la economía . Por eso la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor estadounidense (CFPB en inglés) ha empezado a estudiar esta práctica.

Vulneración de derechos laborales. Estos cursos de formación, denominados TRAPs en inglés, comenzaron a ser realizados por trabajadores cualificados y de renta alta a finales de los años ochenta, y eran relevantes. Sin embargo, las compañías, en los últimos años, han empezado a utilizarlos como una forma de retener a los trabajadores. En lugar de aumentar el salario o mejorar las condiciones de trabajo, algunos empresarios utilizan esta opción para evitar la renuncia de los trabajadores, afirma Jonathan Harris, profesor en la escuela de derecho de Loyola, en Los Ángeles.

Contra la OIT. Según la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, algunos sindicatos ya han denunciado esta práctica como un obstáculo para la movilidad laboral, lo cual incumple el artículo 23 de la Organización Internacional del Trabajo que señala que toda persona tiene derecho “a la libre elección de su trabajo”. Hay senadores y fiscales generales en EE.UU conscientes del problema que generan estas prácticas y están dispuestos a combatirlas, por lo que parece claro que una mayor supervisión legal es necesaria para garantizar los derechos básicos de los trabajadores.